Construcción y Servicios son los sectores con mayor certificación de ChileValora en 2024

Durante 2024 las certificaciones de competencias laborales que otorga ChileValora se concentraron en los sectores Construcción (36%) y Servicios (12%), sumando 48% entre ambos. La totalidad de personas certificadas el año pasado en estos dos sectores fueron 8.788, a quienes dicha certificación favoreció en sus condiciones de empleabilidad y en la productividad de las empresas en las que se desempeñan.

El balance nacional de certificaciones entrega que 18.165 personas certificaron sus conocimientos, experiencias y habilidades laborales en 2024 a través de ChileValora, incremento de 3% con relación al año anterior. En materia de perfiles ocupacionales, las certificaciones se concentraron principalmente en Instalador/a Eléctrico/a Clase D (23%), Gestor/a de Inclusión Laboral (10%), Manipulador/a del Programa de Alimentación Escolar (9%), Instalador/a de Gas Clase 3 (5%) y Cuidador/a Primario/a (5%). Los perfiles señalados corresponden a los sectores económicos de Construcción; Servicios; Gastronomía, Hotelería y Turismo; y Servicios de Salud y Asistencia Social.

Asimismo, del total de certificaciones realizadas por ChileValora el año pasado, el 38% corresponde a mujeres, quienes mayoritariamente se certificaron en los perfiles Manipulador/a del Programa de Alimentación Escolar, Gestor/a de Inclusión Laboral, Cuidador/a Primario/a, Asistente de Aula y Maestro/a de Cocina.

Al respecto, la directora ejecutiva de ChileValora indicó que ”el incremento de la certificación de competencias laborales en Chile es el fruto del trabajo sostenible en el tiempo que realizamos entre el Estado, los empleadores y las y los trabajadores, agrupados en el directorio de la institución, para reconocer la experiencia de las personas que desempeñan un oficio u ocupación, pero que no tienen algún certificado que acredite lo que saben hacer. Los perfiles se levantan entre empleadores, trabajadores y representantes del Estado de acuerdo a un determinado sector productivo, por lo tanto, la certificación está estrechamente ligada a la productividad y competitividad en las empresas”.

NUEVA LEY DE CHILEVALORA
En abril de 2024, el Presidente Gabriel Boric promulgó la nueva ley que moderniza y fortalece a ChileValora (Ley 21.666), luego de la aprobación unánime de esta en todas las etapas de discusión en el Congreso Nacional.

Con la entrada en vigencia del nuevo cuerpo legal a partir de enero de este año, este servicio público podrá modernizar y fortalecer su estructura en aspectos fundamentales, como contar con presupuesto propio a través de la Ley de Presupuesto -y no mediante transferencias del Sence y del Mintrab, como operó hasta 2024-, incrementar gradualmente la cobertura nacional de certificaciones través de la apertura de tres oficinas regionales (Antofagasta, Valparaíso y La Araucanía), además de facilitar el uso de franquicias tributarias a las empresas para costear la certificación de sus trabajadores y trabajadoras. La iniciativa impulsada por el ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social contó con el apoyo transversal de la CPC, la Conapyme y la CUT.

“La nueva ley de ChileValora permitirá impulsar localmente procesos certificación de competencias laborales, no solo en las tres regiones en las que se instalará una oficina regional, sino que, en cada región del país, poniendo acento en la pertinencia de las necesidades productivas locales y con ello favorecer la empleabilidad y productividad de cada zona. Porque desde el año 2025 el financiamiento de la institución será asignado a través de la Ley de Presupuesto, lo que permitirá otorgar directamente subsidios para la evaluación y certificación de competencias laborales a trabajadores independientes, cesantes, grupos de la población sin conocimientos reconocidos para ingresar al mundo laboral, además de las empresas que no tengan derecho a la franquicia tributaria”, señaló Rivillo.

Desde su creación en 2008, ChileValora ha certificado a más de 201 mil personas en más de 224 mil procesos de evaluación, en sectores económicos como Minería Metálica; Construcción; Comercio; Gastronomía, Hotelería y Turismo; Educación; Salud, Transporte y Logística; Acuícola y Pesquero; y/o Administración Pública.